El candidato a la Presidencia de la República de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió hoy, ante los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2016, a que habrá justicia en el caso en cuanto triunfe.

Al mitin, al que acudieron unas 10 mil personas, llegó una comisión de los padres de Ayotzinapa como parte de un acuerdo de la Asamblea Nacional Popular de acudir a las actividades de los candidatos para expresar su postura del caso y saber qué ofrecen para resolverlo.

El candidato permitió que los padres subieran al templete instalado en la explanada de las Tres Garantías luego de reiterar el ofrecimiento de integrar una comisión de la verdad.

Además, dijo que solicitará formalmente que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se haga cargo de las investigaciones y a la mayor brevedad se sepa la verdad, mientras que los padres le pidieron que a ésta se integre al Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que López Obrador aceptó.

Entre las propuestas del candidato destacó el compromiso con los maestros de que cuando llegue a la Presidencia se cancelará la llamada Reforma educativa y que se elaborará un plan educativo sin afectar sus derechos laborales.

En el acto se impidió que al templete subieran los candidatos del Partido del Trabajo (PT); López Obrador pidió el voto parejo para el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), para los candidatos al Senado Félix Salgado Macedonio y Nestora Salgado García, de quien expresó que está siendo muy criticada por el candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade.

LA TORTURA Y EL CASO AYOTZINAPA 

En marzo, un informe de la ONU denució que al menos 34 detenidos por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron torturados. El escrito “no sustenta” dichas acusaciones ni aporta “elementos nuevos” para avanzar en el caso, respondió el Gobierno de México.

En un comunicado, el Gobierno de México señaló que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) omitió en su reporte “información relevante” que consta en los expedientes del caso, donde se explica que las pruebas periciales obtenidas se hicieron siguiendo “los más altos estándares”.

“Las investigaciones en marcha y pruebas en dichos expedientes aportan indicios que no sustentan las conclusiones a las que arriba el informe”, consideró el Gobierno federal.

La investigación de Naciones Unidas, basada en análisis forenses y entrevistas con personas implicadas -detenidos, testigos y autoridades-, concluye que hay evidencias de que 34 personas fueron torturadas.

En el escrito, el Gobierno mexicano dijo hoy estar preocupado “de manera especial” porque el informe “arroja conclusiones sobre situaciones que son actualmente objeto de investigación, o que se encuentran bajo análisis del poder judicial”.

Explicó que el informe se “limita a abordar cuestiones” que ya fueron resaltadas anteriormente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “cuyas recomendaciones están siendo atendidas por las autoridades competentes”.

Según el comunicado, en varias reuniones con esta oficina de las Naciones Unidas, el Gobierno de México compartió “consideraciones y puntualizaciones importantes” sobre el contenido del reporte, tanto por su “metodología” como por los “vacíos de información” que contiene.

El Gobierno aseveró que varios casos han sido analizados y sometidos bajo el Protocolo de Estambul, que no ha acreditado “la comisión de tales actos (de tortura), salvo en algunos casos excepcionales, de los que ya se ha informado públicamente”.

El Gobierno “reafirma su determinación por esclarecer plenamente el caso”, concluyó.

Además, el Ejecutivo atiende el mecanismo de seguimiento al caso, y la investigación del mismo constituye un “esfuerzo sin precedentes”.

El representante de la ONU-DH en México, Jan Jarab, dijo que en las investigaciones de las denuncias por tortura “la respuesta del Estado se ha centrado principalmente en la práctica de Protocolos de Estambul”, con “tan solo dos dictámenes positivos” confirmando la existencia de este delito.

No obstante, Jarab recordó que tanto instituciones internacionales como el relator especial sobre la tortura Juan Méndez han expresado sus preocupaciones por “la forma incorrecta de utilización del Protocolo de Estambul” en el país, empleado “como instrumento único”.

Realmente, este ha de ser utilizado en el contexto de “otras pruebas y fuentes”, por lo que “un resultado negativo no significa necesariamente la ausencia de tortura”.

Según la versión oficial, en la noche del 26 de septiembre de 2014 policías corruptos arrestaron en Iguala a los estudiantes y los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura.

Pero padres y organismos internacionales denunciaron irregularidades en las pesquisas y pidieron que se abrieran nuevas líneas de investigación.

-con información de EFE.