SOLICITAN AL EJECUTIVO QUE EXPIDA GRATUITAMENTE LA CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES

• A propuesta del diputado Juan Manuel Molina

Mexicali, B.C.- El Pleno del Congreso local aprobó por unanimidad un punto de acuerdo propuesto por el diputado Juan Manuel Molina García (Morena), mediante el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que emita de manera urgente un decreto de exención general del cobro del derecho previsto en el artículo 18, inciso h), de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019, con el propósito de que en tanto se sigan expidiendo la llamadas “Cartas de no antecedentes penales”, éstas sean completamente gratuitas.

En su argumentación el legislador morenista dio a conocer que, actualmente, al ciudadano que busca trabajo se le afecta de manera desmedida y absurda por medio de la expedición de las llamadas “Cartas de no antecedentes penales”, las cuales son requeridas por cada centro laboral al momento de solicitar algún empleo, mismas que tienen un costo aproximado de 200 pesos.

“Lo cual significa un perjuicio económico para quienes no cuentan con trabajo y lo están buscando, ya que por cada solicitud de empleo se ven en la necesidad de obtener tres, cuatro o más constancias, que son en extremo onerosas y que, en los más de los casos, el ciudadano prefiere claudicar en la búsqueda de empleo”, subrayó Molina García.

Agregó que, aunado a lo anterior, jamás fue cumplido lo estipulado en el artículo 6, sección XIV, de la Ley Nacional de Ejecución Penal en el Territorio del Estado de Baja California, que mandata lo siguiente: “Expedir de forma gratuita, por conducto de la Dirección de Ejecución, las constancias de antecedentes penales, de conformidad con las disposiciones aplicables, dichos antecedentes solo harán referencia a sentencias condenatorias, por delitos de carácter doloso, debidamente ejecutoriadas”.

El diputado Juan Molina refirió, por otro lado, que dicha norma jamás fue cumplida, pues el Ejecutivo del Estado las siguió incluyendo en su proyecto de Ley de Ingresos, lo cual representa un perjuicio para el ciudadano, ya que tiene un costo de lo más caro en el país; además de que no es congruente hacer erogar ese dinero a la persona desempleada para acceder a una entrevista que ni siquiera le garantiza empleo.

Por último, mencionó que “representa un prejuicio hacia la persona que sí hubiere cometido alguna infracción penal, el hecho de que se le exija dicha constancia para acreditar si ha sido sujeto de condena alguna, pues tenemos que por el simple hecho de tener la aptitud de salir a la calle y buscar un empleo, es porque éste ha cumplido con su condena, en su caso con el tratamiento impuesto y el hecho de permitir que se le exijan estas constancias de no antecedentes penales, orilla a la sociedad a prejuiciar y discriminar sobre el otorgamiento de un empleo”.