El diputado Fausto Gallardo García, del Partido Verde Ecologista de México, presentó en la máxima tribuna una iniciativa que crea la Ley de Imagen Institucional para el Estado de Baja California, la cual tiene el objeto de fortalecer la identidad institucional, sin tener que modificar en cada cambio de gobierno municipal o estatal, el logotipo o colores, lo cual genera desperdicio de recursos, papelería y otros suministros.

“Entre otras peticiones de los bajacalifornianos, destaca la reducción de gasto en la imagen de gobierno. En esa tesitura, somos testigos que una de las primeras acciones implementadas en los cambios de gobierno, es el cambio de imagen oficial; es decir, se observan brigadas de pintores borrando logos o lemas de sus antecesores colocados en edificios públicos, mobiliario y todo aquello que es visible a la ciudadanía”, subrayó el legislador.

Gallardo García agregó que esta problemática ha sido más notable a nivel municipal, debido a la alternancia que se ha dado en esos gobiernos, pues, aunque lo primero que declaran los alcaldes entrantes es la carencia de recursos públicos y la necesidad de implementar medidas de austeridad, inmediatamente procuran ─aseveró─ difundir su nueva imagen, intentando imponer un sello personal a sus gestiones y darle identidad propia a sus programas o políticas públicas.

Señaló que los cambios constantes generan un malestar ciudadano, porque generalmente se trata de diseños inadecuados, demasiado o poco llamativos, lo cual representa un gusto personal del gobernante y que puede ser una clara violación a los principios de equidad e imparcialidad que establece, en materia electoral, la Constitución Política federal.

A manera de ejemplo, informó que la imagen institucional del Poder Ejecutivo se ha llegado a cambiar varias ocasiones en un mismo sexenio, luego de que se considera que ésta no está funcionando para los fines deseados.

Por otro lado, indicó que la carencia de un marco jurídico apropiado, motiva a incluir en el proyecto de esta ley, reglas para la asignación clara, objetiva, transparente y no discriminatoria de contratos para la prestación de los servicios de elaboración y difusión de propaganda oficial, lo cual resulta importante legislar para evitar gastos excesivos cada vez que cambia una administración.

Por último, el representante popular del sexto distrito de Tecate sugirió englobar dentro de los entes públicos obligados a observar esta ley, a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los órganos constitucionales autónomos y a los municipios, para evitar la promoción personalizada de cualquier servidor público o, incluso, de algún partido político.

Además, para impedir un dispendio presupuestal o la ineficiente distribución y aplicación de los recursos públicos, ya que, por ejemplo, dio a conocer que el Poder Ejecutivo del Estado tiene previsto ejercer para el Ejercicio Fiscal 2019, la cantidad de 79 millones 245 mil 493.56 pesos bajo la partida “Servicios de Comunicación Social y Publicidad”.

Cabe mencionar que todas las fracciones parlamentarias de la Vigésima Tercera Legislatura se sumaron a la iniciativa presentada en el Pleno por el diputado Fausto Gallardo.