El diputado Fausto Gallardo García propuso ante la asamblea legislativa local, una iniciativa de reforma al artículo 95 del Código Civil del Estado, a fin  de que la persona que pretenda casarse y ha sido condenada por el delito de violencia familiar, deba exhibir el documento que acredite que recibió tratamiento psicológico o psiquiátrico especializado, en caso de que le haya sido impuesta esta medida de seguridad.
La reforma especifica que hasta en tanto no se haya cumplido con dicha medida de seguridad, no se le permitirá celebrar el matrimonio; ello con el único propósito de garantizar que la persona condenada cuente, a criterio de un experto, con un tratamiento adecuado que prevenga en mejor medida, agresiones futuras o la reincidencia en esta clase de delitos.
Se agrega que si al momento de preguntarles a los pretendientes, éstos se conducen con falsedad u ocultan la verdad sobre si han sido condenados por este delito, podrían ser sancionados en términos del artículo 320 del Código Penal, con 1 a 5 años de prisión y hasta 100 días multa.
Dentro de su argumentación, Gallardo García mencionó que en todos los Estados del país se tiene la idea de que las mujeres violentadas por su novio o ex novio a lo largo de su relación, son hechos sin importancia y que por lo tanto no hay motivos para denunciar las agresiones. En ese sentido, aseveró que las entidades que más destacan en esta concepción son Baja California, Nayarit y Campeche, con valores de 87, 86.5 y 85.3 por ciento, respectivamente.
Por otro lado refirió que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011-2014, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la violencia más frecuente contra las mujeres ocurrida en ámbitos privados, es la proveniente del esposo o pareja.
Afirmó, además, que los Estados con los valores más altos de violencia emocional hacia las mujeres son el Distrito Federal (96.6 por ciento), Tabasco (96.4) y Baja California con el 96.3 por ciento. Asimismo, que la entidad con mayor violencia patrimonial (sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos) es Baja California, con un 5 por ciento, que también es la entidad donde las mujeres solteras tienen la más alta prevalencia de este tipo de violencia, con un 2.9 ciento a nivel nacional.
Esta iniciativa de reforma venía suscrita por los grupos parlamentarios del PVEM, PRI, PT, PRD, PES y PBC.