La institución del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala presentó hoy su décimo informe de seguridad alimentaria y nutricional titulado “Malnutrición en la población guatemalteca” en el que señala que el 46.5 por ciento de los niños menores de cinco años padecen desnutrición crónica.
El documento dirige 66 recomendaciones al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria relacionadas al derecho de “una alimentación adecuada”, “cambios en la política pública”, mejoras en la “coordinación interinstitucional”, así como asegurar la “sostenibilidad de las acciones y enfoques pese a los cambios de autoridades”.
Debido a la crisis alimentaria, advierte el informe, “el Estado debe reforzar las acciones dirigidas hacia la atención de la desnutrición aguda, las carencias de micronutrientes y la carga de morbi-mortalidad que aumenta alarmantemente relacionada a excesos de nutrientes como la obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles”.
Según la investigación, las causas de la desnutrición infantil en el país centroamericano “son estructurales y subyacentes cuándo se refieren al ambiente social y familiar”, relacionados como los ingresos familiares, condiciones de vivienda o la seguridad social.
El texto de la institución del Procurador de los Derechos Humanos menciona que el acceso “físico y económico a los alimentos” está condicionado por los “factores del contexto nacional”, como la brecha salarial, el precio de los alimentos, una “baja capacidad (técnica y financiera) del Estado para atender las necesidades de la población” y la “desigualdad en la tenencia de la tierra y otros bienes naturales”.
También señala que mientras la población asalariada “aumentó un 3 por ciento” -según información del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de 2000 a 2014-, mientras el PIB disminuyó un 3,3 por ciento “en concepto de remuneraciones”.
Ello significa, sostiene el documento, que “la cantidad de personas que dependen de un salario aumentó, pero los ingresos a distribuirse disminuyeron”.
Pese a que el informe reconoce que la desnutrición aguda ha disminuido anualmente, afirma que el Estado “aún es responsable por los 45 de cada 10 mil niños menores de cinco años afectados y los 86 fallecidos por esta causa”.
También expone que los pueblos indígenas padecen unas “condiciones de vulnerabilidad” en la seguridad alimentaria nutricional, como un 58 por ciento de desnutrición crónica, 43 niños muertos por cada 1.000, un 54 por ciento de adultos sin escolaridad, el 64.4 por ciento de personas en condiciones de hacinamiento, un 20,2 por ciento de habitantes sin acceso a agua y una pobreza del 79.2 por ciento, de los cuales el 40 por ciento vive en pobreza extrema.
“El país debe superar estas desigualdades como parte de su obligación al respeto y realización de los derechos humanos sin discriminación alguna”, concluye el informe.
El informe, recalcó la procuradora adjunta, fue dedicado a Mavélita Lucila Interiano Amador, una niña de 8 años de edad del municipio de Camotán, en el oriental departamento de Chiquimula, quien perdió la batalla contra la desnutrición al fallecer en agosto de 2017, pese a contar medidas de protección del Estado que no se hicieron efectivas.
“Que tu sacrificio se convierta en un despertar, una revelación, para comprender que el homicidio y el asesinato no sólo se cometen con armas, hay sangre corriendo detrás de cada omisión de proteger, realizar y garantizar los derechos económicos, sociales y culturales”, detalla la dedicatoria del informe.
Fuente Sin Embargo
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