Fue Aprobado por el Pleno por diecinueve votos a favor, el Dictamen No. 122 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, relativo a la Iniciativa de reforma a la Ley de Derechos, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores Estatal. 
Dicha iniciativa tiene como objetivo fortalecer el marco jurídico de Baja California, a fin de que las personas adultas mayores, tengan acceso a la justicia en términos de la Constitución Mexicana, la Constitución Local, y gozar de mecanismos diferenciados para su atención.
La vejez es una etapa en la vida que comienza a los 60 años. Es considerada la última etapa y una de las más vulnerables, ya que, mientras más años sumamos a la vida, los cambios se hacen más evidentes en diversos aspectos, por lo que las necesidades también serán aún más específicas.
Según se menciona en la exposición de motivos, las razones que justifican el cambio legislativo, entre otras son las siguientes: en el último año una de cada seis personas mayores, sufrió algún tipo de maltrato en los distintos entornos comunitarios.
Así mismo, la falta de medidas apropiadas provoca la reiteración del maltrato a las personas adultas mayores; por lo que resulta importante establecer acciones efectivas, orientadas a la prevención, y atención de la violencia cometida en contra de estas personas.
Por ello, la intensión de la presente iniciativa, es que existan mecanismos sobre todo en los procedimientos judiciales y administrativos, en donde se realicen trámites, resoluciones y ejecución de decisiones, y se le dé una atención preferente a este grupo social.
Sobre el particular, a manera de referencia, a nivel Internacional en materia de derechos para las personas adultas mayores, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y del cual el Estado Mexicano ha ratificado, los enfoques y definiciones que contiene en el tema de los derechos de las personas adultas mayores.
Esta Convención de la OEA busca promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.