La Fiscalía de Guatemala informó sobre la detención del ex Secretario de Bienestar Social, Carlos Rodas, la ex Subsecretaria Anahí Keller y de Santos Torres, ex Director del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, un albergue de menores que se incendió y hasta el momento ha dejado 40 niñas fallecidas.

Las detenciones fueron confirmadas por Julia Barrera, vocera de la fiscalía, por los delitos de homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad e incumplimiento de deberes.

“Estamos conociendo los motivos de su detención. Tal como lo dice la Constitución, él es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Lo conozco de hace mucho tiempo; es un buen profesional”, dijo Juan Alberto Guevara, abogado defensor de Rodas, a The Associated Press.

El gobierno guatemalteco destituyó el lunes a los tres funcionarios tras un anuncio del Presidente Jimmy Morales, quien ha sido duramente criticado por la falta de acción de su gobierno ante la tragedia. Morales dijo en conferencia de prensa que decidió “destituir a la línea de mando” que tenía a su cargo el hogar. El anuncio ocurrió cinco días después del incidente.

El mandatario también informó que solicitó apoyo al gobierno estadounidense para que el Buró Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés) apoye las investigaciones de la tragedia.

Jorge de León, procurador de Derechos Humanos, dijo que la decisión del Presidente es tardía, pues debió ocurrir el mismo día del incendio. “Aquí el Estado es responsable de las muertes de las niñas, porque no pudo resguardar sus vidas”, dijo de León.

La PDH denunció que la tragedia podría haberse evitado porque la institución solicitó que un juez acudiera al hogar para verificar la situación de los niños días antes del incendio, pero que ésta fue negada por una jueza de paz.

La tragedia inició el pasado martes, cuando decenas de menores se amotinaron en un intento por huir del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ubicado en el municipio de San José Pinula, a las afueras de la ciudad, aquejados por abusos y malos tratos.

A la mañana siguiente, un incendio consumió uno de los módulos donde niñas que previamente habían huido y fueron recapturadas fueron encerradas bajo llave. El saldo hasta el momento es de 40 fallecidas, de las cuales 19 perecieron en el lugar y 21 en hospitales, según el Ministerio de Salud.

El domingo, Ana Roselia Pérez Junay, de 14 años, fue sepultada en Zaragoza, en el departamento de Chimaltenango, a unos 62 kilómetros de la capital. La niña fue velada en el pequeño cuarto que su padre, Bernardo Pérez, fue obligado a construir por la Procuraduría General de la Nación como condición para devolverle a su hija, que las autoridades le habían quitado aduciendo malos tratos.

“Lo que quiero es justicia y castigo por la muerte de mi hija”, dijo Pérez, un agricultor que vive en condiciones de pobreza extrema y a quien las autoridades guatemaltecas le han quitado otros seis hijos.

El humilde ataúd blanco con los restos de Ana Roselia fue llevado en hombros por vecinos y familiares que ahora claman para que el Estado devuelva los otros hijos a la familia.

Hasta el momento, siete niñas que sufrieron quemaduras graves en el incendio han sido trasladadas a Texas y Boston, en Estados Unidos, para recibir tratamiento médico. Entre ellas está Oneida Nohemí, de 17 años, confirmó a The Associated Press su madre, Claudia Tecún.

A la entrada del Hospital Roosevelt en Ciudad de Guatemala, donde su hija recibía tratamiento médico, Tecún dijo el viernes que tenía quemaduras en el 70 por ciento de su cuerpo y que los médicos no le daban muchas esperanzas de vida.

“Ahora ya está recibiendo tratamiento con especialistas en Estados Unidos; me da un poco más de esperanza”, dijo el lunes Tecún.

El sábado, un juez prohibió que el entonces secretario de Bienestar Social, Carlos Rodas, saliera del país como medida preventiva mientras es investigado por el incendio en la casa hogar que estaba bajo su responsabilidad. El juez también prohibió la salida de varios trabajadores del albergue.

En el lugar se mantenía internados a por lo menos 600 menores, entre niñas y varones. Desde 2015, la PDH y organizaciones defensoras de la niñez habían denunciado vejámenes como abusos sexuales, físicos y psicológicos.

La fiscalía también investiga una denuncia de trata de personas con fines de prostitución en el lugar.