El Pleno del Congreso de Baja California aprobó exhortar a los 5 Ayuntamientos de la entidad, con el propósito de que inicien gestiones y tomen las medidas necesarias para que los sistemas de transporte público, cumplan con los derechos y las garantías que las leyes brindan en favor de las personas con capacidades diferentes.

El punto de acuerdo fue propuesto ante la asamblea legislativa por el diputado Felipe de Jesús Mayoral Mayoral, quien refirió la necesidad de que se cumpla lo inscrito en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en el sentido de que el Estado establezca las condiciones para promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad.

En ese sentido, el representante popular del Partido de Baja California pidió que las autoridades municipales hagan cumplir, en el sistema de transporte público, el derecho de una plena accesibilidad para este sector de la comunidad; es decir, las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con los demás, en el transporte.
Mayoral Mayoral mencionó que en el artículo 34 de la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado, está establecido que “los Ayuntamientos, en sus ámbitos de competencia, deberán coordinarse con las dependencias y entidades referidas en la presente Ley, a efecto de otorgar una mejor prestación de los servicios a favor de las personas con discapacidad”.
Por otro lado indicó que en el artículo 35 de la referida ley, está planteado que a los Ayuntamientos, en cuestión de transporte, les corresponde “establecer especificaciones técnicas y diseños universales que permitan el libre acceso, uso y desplazamiento en los servicios de transporte público, para la adecuación de los vehículos destinados a la prestación de este servicio”.

Por último, el diputado Felipe de Jesús Mayoral dio a conocer que en el artículo 2 bis de la Ley de Transporte del Estado está inscrito que los usuarios del transporte público tienen derecho a que se destinen espacios exclusivos para personas con discapacidad.
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