• Si el agresor ocupa un cargo público o ejerce una profesión y usa estos medios para cometer la violación, la pena aumentará hasta en un tercio

• Las penas por violación aumentan hasta un 50% cuando la víctima es menor de 18 años o incapaz de resistir el delito

Mexicali, B.C., jueves 30 de enero de 2025.- Con el objetivo de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes, el Congreso del Estado aprobó una reforma que establece nuevas agravantes en el delito de violación, aumentando significativamente las penas cuando la víctima sea menor de edad o incapaz de comprender o resistir el hecho. Esta reforma refleja la gravedad del delito, al incrementar las sanciones hasta en un 50% en estos casos, con un enfoque en la protección de las víctimas más vulnerables.

La iniciativa fue presentada por la legisladora del partido Movimiento Ciudadano, Daylín García, quien destacó la importancia de garantizar una respuesta más contundente y eficaz ante la comisión de este tipo de delitos, buscando que los agresores enfrenten consecuencias más severas cuando abusan de su poder o de la vulnerabilidad de las víctimas.

La reforma a los artículos 179 y 180 del Código Penal, contempla que, si el delito de violación es cometido por una persona que desempeñe un cargo público, empleo o comisión, o ejerza una profesión utilizando los medios o circunstancias que estos le proporcionan, las penas y sanciones establecidas en la ley se incrementarán hasta en una tercera parte. 

Asimismo, cuando la víctima sea menor de 18 años o no tenga la capacidad de comprender el hecho o resistirlo, y además concurran las circunstancias mencionadas, la pena se incrementará hasta en una mitad.

La violencia en México afecta gravemente a millones de menores, quienes sufren abusos en diversos entornos, incluidos el hogar, la escuela y otros espacios. Delitos como abuso sexual, violación y explotación se han incrementado en los últimos años, lo que resalta la urgencia de tomar medidas efectivas. Con esta reforma, el Congreso del Estado refuerza su compromiso de proteger a la niñez y adolescencia, promoviendo un entorno libre de violencia.

“Esta medida busca combatir esta conducta y salvaguardar la integridad de los menores que, en muchas ocasiones, se encuentran en contacto directo con personas que ejercen profesiones o cargos con atención cotidiana hacia ellos, aprovechando la confianza generada por la convivencia diaria”, expuso la inicialista.