Conforme las directrices establecidas por el gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, en la próxima administración pública estatal que inicia el 1 de noviembre, la Oficialía Mayor dará prioridad a la honestidad, la transparencia y el servicio eficiente, respetuoso y amable a los bajacalifornianos.

Al dar a conocer lo anterior, el propuesto Oficial Mayor, Jesús Núñez Camacho, reveló que los puntos clave de su plan de trabajo son: Eliminar gastos superfluos, rematar vehículos innecesarios, sanear las nóminas de dependencias estatales donde haya “aviadores”, acabar con viáticos ostentosos, combatir los “moches” en licitaciones de obras o servicios y fomentar la proveeduría de PYMES regionales.

“Este último punto, dijo, es de gran trascendencia porque el hoy gobernador electo Jaime Bonilla Valdez asumió, durante su campaña, el compromiso de fomentar la contratación de servicios y productos de pequeñas y micro empresas para que sean preferentemente las que cubran las necesidades del Gobierno del Estado”.

“Esto, precisó, sumado a la transparencia en las contrataciones mediante licitaciones que serán transmitidas en vivo por diferentes redes (Youtube, Facebook, Instagram, etc.), darán cuenta clara de que el nuevo gobierno estatal pondrá freno a la ilegalidad y los contubernios acostumbrados en otras administraciones para favorecer a los amigos o socios de empresas, muchas de ellas foráneas”.

Citó que para ello, en el área de adquisiciones realizarán un cambio general en el padrón de proveedores, “…vamos a cambiar todo ese esquema, realizaremos talleres para enseñar a los PYMES a cómo venderle al Gobierno del Estado, y terminar las licitaciones amañadas en las compras dirigidas; habrá siempre un asiento para la representación ciudadana en los procesos de licitaciones…”.

A REMATE MÁS DE 500 VEHÍCULOS INNECESARIOS

Una de las primeras acciones que realizará la Oficialía Mayor del próximo gobierno estatal, será la de rematar un número aproximado de 500 vehículos que realmente no se necesitan; el primero de los remates será en Tijuana, en el mes de diciembre, y participarán ciudadanos, no negocios del ramo automotriz o autopartes conocidos éstos últimos como “yonques”.

“En base a la información que nos han entregado en los trabajos de transición, sabemos que los últimos remates han sido hechos como si fuera los vehículos fueran chatarra; los remates los haremos abiertos a la ciudadanía y a golpe de martillo, es decir, el que oferte más es el que se lo lleva, no va a ser a yonkeros ni a empresas”, puntualizó Núñez Camacho.

Al mismo tiempo, adelantó que el nuevo Gobierno del Estado de Baja California no tiene planeado adquirir más vehículos de lujo o fuera de las categorías de trabajo, funcionales, cuando así lo justifiquen la necesidad de cumplir o prestar servicios en las dependencias que los soliciten con cargo a sus presupuestos.

Con los remates de vehículos oficiales, actuales, estima que habrá una reducción presupuestaria de 15 millones de pesos en gasolina y otros 14 millones en el mantenimiento de las unidades, “sin tomar en cuenta lo que vamos a recaudar en al rematarlos, una suma que puede variar de entre 30 millones a 50 millones de pesos”.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS

En cuanto al trato amable, respetuoso y eficiente que la próxima administración estatal tiene como compromiso prioritario, el propuesto Oficial Mayor del Estado adelantó que están preparando intensos programas de formación y capacitación de servidores públicos, en todos los niveles de los gabinetes legal y ampliado, desde el inicio del ejercicio en la primera semana de noviembre entrante.

“Es nuestro compromiso, como lo ha instruido el gobernador electo Jaime Bonilla Valdez, hacer notar el cambio en la relación y atención de servidores públicos hacia la ciudadanía que acude a las dependencias para realizar sus trámites, solicitar constancias o presentar reportes o denuncias sobre la prestación de servicios gubernamentales o el comportamiento de funcionarios estatales”, dijo.

“Nuestra premisa será la de que los empleados o funcionarios en las dependencias del Gobierno del Estado, tengan la mejor actitud y disposición para escuchar, atender y resolver sobre los temas que el ciudadano plantea, sobre todo en los casos de adultos mayores, que merecen un trato afable, respetuoso y confiable, porque así lo han estado demandando de sus gobernantes”, finalizó.